En 2009 y luego de 4 años al aire fue levantado, sin explicación alguna, el programa “La palabra de los trabajadores”, único programa de Radio Nacional orientado específicamente a difundir las luchas laborales libradas por fuera de las dirigencias sindicales peronistas. No fue un hecho aislado: era la preparación de un escenario conflictivo que estallaría meses más tarde de la mano de los trabajadores autoconvocados de la salud que salteando a su sindicato, se volcaron masivamente a las calles y cosecharon amplia simpatía entre la clase media. Uno de los medios que recogió el conflicto y le dio espacio fue el recién arribado a la provincia diario “El Tribuno”.
Este apéndice del tradicional diario salteño (propiedad del caudillo Juan Carlos Romero) había desembarcado en 2005, convocado por el Gobernador, quien apostaba a generar una competencia al ya tradicionalísimo diario “La Gaceta ”, que por su solidez financiera no demuestra fanatismo por el gobierno provincial. Alperovich, luego de algunos intentos fallidos de generar un Multimedios Estatal (escandaloso proyecto que mereció el repudio de los medios nacionales), comprendió que su descomunal patrimonio personal, unido a la discrecionalidad de los fondos de la publicidad oficial, le darían la posibilidad de regar la provincia de medios cuyos contenidos sean monitoreados, aprobados y dirigidos por la Secretaría de Medios de la Provincia. Incluso en los primeros tiempos, y aunque Alperovich jamás figuró como parte propietaria de “El Tribuno”, la planilla salarial fue asumida en su totalidad por el Estado Provincial. El diario respondía con loas y alabanzas a la gestión gubernamental (incluso en plena veda electoral en 2005, le dedicó sus páginas centrales al gobernador, de cara a las elecciones legislativas). Sin embargo las mieles del affaire se esfumaron al poco tiempo. La línea editorial cambió, Alperovich renunció al grupo empresario, y retiró los fondos con los que lo sostenía. Cuando en 2009 los Autoconvocados de la Salud agradecían a “El Periódico” su cobertura sobre el conflicto, varios periodistas se encontraban con atrasos salariales importantes. Finalmente, el diario sucumbió, se produjo un despido masivo de 30 trabajadores, y fue rematado al Grupo Ámbito.
La historia del esplendor y ocaso de “El Tribuno” no hace sino ilustrar el destino que corren los medios independientes en la provincia.
Periodismo crítico versus periodismo obsecuente
A contramano de esta parábola, la historia de “El Periódico” enseña cómo recorrer el camino inverso. Propiedad del empresario Alberto Llaryora el semanario mantuvo una tensísima relación con la gestión actual durante sus primeros tiempos. El origen de esta enemistad no conoce de mayores romanticismos que el que dicta la billetera: Alperovich, en su obsesión por controlar Canal 10 hizo que la Universidad Nacional de Tucumán desconociera el contrato que tenía con Llaryora, situación que aun se encuentra en litigio en Tribunales. El Periódico entonces se dedicó a profundizar una línea editorial combativa y de denuncia, que llegó a su apogeo en 2008 cuando publicó el escándalo sobre las cifras de mortalidad infantil manipuladas por el entonces Ministro de Salud de la Provincia , Juan Manzur. Más allá de lo estadístico, la denuncia de los trabajadores de la salud rezaba que por orden del gobierno estaban obligados a no prestar asistencia médica a los nacidos con menos de 500 gramos , dado que según los nuevos índices de medición no eran considerados bebés sino fetos. Específicamente se denunciaba que la orden era “dejarlos morir sobre la bandeja de instrumental” Las consecuencias fueron nefastas: la cantidad de muertes de menores de 500 gramos se cuadruplicó. La histórica investigación de El Periódico tuvo alcance nacional, y fue una bofetada a la gestión Alperovich. Dos años más tarde, agobiado financieramente, Llaryora sellaba en un asado en la casa de José Jorge un pacto de no agresión: a cambio de “bajar los decibeles” el gobernador le prometía reavivar los fondos de publicidad oficial. El empresario aceptó el trato e informó a sus periodistas la nueva línea editorial: a partir de ahora iban a ser un semanario “serio”, sin tapas amarillistas ni denuncias petarderas. Si las circunstancias obligaran a hacer algún comentario crítico, los periodistas quedaban obligados a pedir autorización a los funcionarios de Gobierno. Durante el mes de julio del corriente año lo inimaginable ocurrió en las páginas centrales de El Periódico: Llaryora en una entrevista íntima, se deshacía en elogios hacia el primer mandatario, quien se los retribuía empalagosamente. La apuesta de Alperovich iba mucho más allá: el tiro iba dirigido a Antena 8, la radio FM de mayor rating en la provincia, y que a partir de entonces pasó a formar parte del grupo estatal.
El promedio de fondos destinados a la publicidad oficial ronda los $12 millones anuales, repartidos a discreción del gobierno que no parece estar obligado a rendir cuentas del su uso. El negocio es redondo: los medios son propiedad de Alperovich, dirigidos por allegados a Alperovich, y financiados por el Estado provincial que conduce Alperovich
Es importante detenerse en la metodología empleada por Alperovich para monopolizar los medios de comunicación. Y la primera herramienta es el uso de la llamada “pauta oficial”.
La pauta publicitaria oficial es una partida presupuestaria que los gobiernos destinan a las publicaciones periodísticas con el objeto de dar difusión a temas de interés general. Es la parte del dinero público (es decir de todos los ciudadanos) destinada a cumplir con el mandato constitucional de publicidad de los actos de gobierno. Mediante la publicidad oficial los ciudadanos estamos al tanto de campañas de vacunación, instrumentación de planes sociales, moratorias impositivas, y en general cualquier decisión gubernamental sobre la cual los funcionarios están obligados a rendir cuentas a sus empleadores (léase ciudadanos).
Contexto es el sitio web periodístico más visitado de la provincia, por encima aun del titánico La Gaceta versión digital. Dentro de la grilla de información digital se encuentra en el puesto N° 15 a nivel nacional, luego de monstruos como Clarin, La Nación , Página 12 y Olé. Sus contenidos son quizás unos de los más críticos a la actual gestión. Este sitio fue el único medio tucumano que denunció sostenidamente la censura del libro “José Alperovich: El Zar Tucumano” e incluso lo publicó en capítulos. Entre los artículos del sitio web pueden encontrarse las más serias denuncias al gobierno. Lo lógico dado su alcance sería difundir fuertemente en este sitio las actividades gubernamentales y de interés social, con el fin de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, Contexto no recibe ni un centavo de publicidad oficial.
Un periodista miembro de un medio oficialista nos aclara: “Esto es como todo, ponete en el lugar del gobernador: ¿cómo le vas a dar plata al que te critica? Esto funciona así”. Lo que no menciona es que el dinero que Alperovich niega a los medios opositores no es propio, es de los ciudadanos, por lo tanto el criterio a utilizar no puede ser el personal.
Sin embargo la cuestión de la discrecionalidad ataca otros principios elementales de la democracia: el de la pluralidad de opiniones y el de la libertad de prensa, de las cuales el Estado debe ser garante. El Gobierno, representante tanto de seguidores como de detractores, debe permitir la multiplicidad de opiniones, porque las minorías requieren que preserven su derecho a opinar e informarse. Exigir sumisión y veneración personal a cambio de la entrega de fondos públicos nos remite a sistemas monárquicos absolutos: nunca mejor puesto el título del libro censurado, “El Zar tucumano”.
Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos sobre la distribución de la pauta oficial. El 5 de septiembre de 2007 ante la denuncia del diario Río Negro contra el Gobierno de Neuquén (que retiró la publicidad oficial a raíz de la publicación de un escándalo de sobornos que implicaban al gobernador) la Corte sostuvo que “el Estado no debe asignar los recursos publicitarios de manera arbitraria, ni debe tener en cuenta el enfoque editorial del medio al decidir tales asignaciones”. En particular, el tribunal consideró que dicha represalia había constituido una violación de la libertad de expresión, sin que el periódico necesitase demostrar haber sufrido un perjuicio económico por el retiro de la pauta. Más cercano en el tiempo, y ante el planteo presentado por la Editorial Perfil , la Corte Suprema calificó como una política discriminatoria la decisión de excluir de la pauta oficial a las revistas Noticias y Fortuna y al diario Perfil, afirmando que se trató de una exclusión “arbitraria y discriminatoria”. El fallo se fundamentó en el hecho se encuentra en juego las cláusulas contenidas en el artículo 32 de la Constitución Nacional que ampara dentro de sus Declaraciones, Derechos y Garantías, el de la Libertad de Prensa; así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cómo apropiarse de un medio
Aunque la discrecionalidad de la asignación de los fondos públicos resulta en sí escandalosa, no es la única arma de la que se vale un buen caudillo en su afán de colonizar a la opinión pública. La apuesta va más allá: adquirir la propiedad de los medios de comunicación. La secuencia es sencilla: el primer paso es el ahogo financiero por falta de publicidad. Cuando el medio agoniza (en muchos casos la pauta oficial es el ingreso que posibilita su subsistencia) comienza la presión fiscal, con reiteradas inspecciones impositivas y laborales. El remate llega de la mano salvadora de un inversor ligado al clan Alperovich, que hace una oferta “imposible de rehusar” para la compra del medio. Luego de adquirido, la pauta oficial se renueva, con desembolsos millonarios. El círculo informativo y financiero se completa, el medio vuelve a ser rentable, esta vez, en manos de la camarilla gobernante.
Una vez consagrado Gobernador en 2003 a José Jorge se le allanó un camino que desde su antiguo rol de empresario le había resultado difícil: el de la apropiación de los medios de comunicación. En 2005 adquirió la radio de mayor audiencia en Tucumán, LV12, a través del ex Director del Banco del Tucumán Camilo López, operador de Alperovich en radiofonía y negocios de Call Center. La dirección de la radio es ejercida por su cuñado Carlos Rojkes. En 2011, la otra radio AM tucumana, LV7, fue adquirida por el grupo LV12, quedando en su poder no solo las dos emisoras más poderosas de la provincia, sino también las conocidas FM Regional y Rivadavia, además de un sinfín de radios barriales.
Aun así la pertenencia al multimedios estatal no garantiza continuidad laboral. Durante los preparativos del día del trabajador de este año se produjo el despido de 10 trabajadores de LV12, al tiempo que se confirmaba el ascenso del periodista Osvaldo Francisco “Cacho” García, acusado de ser informante de la dictadura militar. Los despedos recayeron sobre trabajadores contratados o directamente en negro que jamás habían sido detectados por inspecciones laborales porque, sencillamente, a las empresas de Alperovich nunca llegan.
Más información en la edición impresa de Ernesta.
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